Columna de opinión publicada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de la Región de Coquimbo, en Diario El Día, de La Serena.
Imagen: El Faro de La Serena, Provincia de Elqui.
Vamos a sintetizar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) en dos grandes rasgos, los que la definen con mayor fuerza y precisión, partiendo de la base de que con ella por vez primera contamos con un modelo judicial especializado para personas entre 14 y 17 años que cometen delitos y faltas. Primero, la LRPA termina con la impunidad, al hacer responsables a los jóvenes por sus actos, castigando a los que son encontrados culpables mediante diversas sanciones penales. Segundo, crea un nuevo sistema socio-educativo para los infractores, especialmente diseñado para adolescentes, pensado para promover una real reinserción en la sociedad, para terminar a edad temprana una posible carrera delictual.
Todo ésto, que significa una de las transformaciones más notables del Estado en la historia del país, que demanda un enorme esfuerzo de recursos humanos y económicos de diversos actores públicos, incluyendo en primer término a nuestro Ministerio de Justicia, muchas veces se pone en marcha a través de un elemento simple, trascendente y que sustenta día a día las actuaciones del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Servicio Nacional de Menores y policías: la denuncia.
Pese a que la LRPA es un testimonio concreto de democracia, de equilibrio entre respeto y sanción hacia los adolescentes, hacia el especial momento formativo por el que atraviesan, ésta no asegura por sí misma la persecución de los ilícitos que ellos cometen. Una de las formas más evidentes de que la nueva normativa opere en beneficio de la ciudadanía, de los propios jóvenes inclusive, es cuando se ha producido una denuncia, que es el acto mediante el cual esa misma ciudadanía pone en conocimiento del Ministerio Público sobre hechos que pueden ser constitutivos de delitos o faltas. A través de la denuncia presentada ante Carabineros, Investigaciones, fiscales o inclusive jueces con competencia criminal, existe la posibilidad de que se inicie la investigación del hecho, de que sea formalizado un adolescente sospechoso, empleando procedimientos y audiencias orales, transparentes y confiables para la víctima y el propio joven imputado.
Sin la denuncia obviamente disminuyen las posibilidades de sancionar al autor del ilícito. Pero también restamos parte importante del tremendo valor preventivo de la LRPA, haciendo que el joven infractor no tenga acceso a los programas socio-educativos del Servicio Nacional de Menores, hechos para generar conductas sanas y respetuosas del resto de la sociedad. Debemos considerar, entonces, la necesidad de denunciar los delitos, responsablemente y con decisión. Sólo así podremos aprovechar totalmente las ventajas de la LRPA y los perfeccionamientos a los que con seguridad será sometida.
Marcela Muñoz Castillo
Secretaria Regional Ministerial de Justicia – Región de Coquimbo
Contentos estaban los funcionarios/as del Sename con la visita de Jorge Frei, aquí juntos en el exterior del centro semi - cerrado de La Serena, junto a la Seremi Marcela Muñoz.
