Con el objetivo de mejorar la comunicación entre los organismos que trabajan con personas entre 14 y 17 años de edad que vulneraron la legislación penal, y proponer soluciones concretas que optimicen dicha tarea, fue creado oficialmente el Consejo Regional Interinstitucional del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, instancia multisectorial coordinada por el Ministerio de Justicia que, de esta forma, colaborará en lograr mayor niveles rehabilitación y reinserción social para los adolescentes que cometan faltas y delitos.
La ceremonia de creación del Consejo se efectuó en la Dirección Regional del Servicio Nacional de Menores (Sename), siendo integrado por representantes de Conace; Gendarmería de Chile; las subsecretarías del Trabajo, Educación y Redes Asistenciales, y el propio Sename.
La ceremonia de creación del Consejo se efectuó en la Dirección Regional del Servicio Nacional de Menores (Sename), siendo integrado por representantes de Conace; Gendarmería de Chile; las subsecretarías del Trabajo, Educación y Redes Asistenciales, y el propio Sename.
La Seremi de Justicia y Coordinadora del Consejo, Marcela Muñoz, señaló que “desde un inicio de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en junio de 2007, ha existido sobre ella seguimiento y evaluación, pero creemos que con este Consejo mejoraremos la comunicación entre los actores que intervienen, lo que nos permitirá proponer soluciones concretas de coordinación para enfrentar situaciones complejas, homogeneizar criterios de intervención o crear subcomisiones estables para asuntos relevantes, por ejemplo”.
Además de los miembros permanentes, el Consejo tendrá integrantes invitados, según el tema a abordar, siendo éstos el Servicio Médico Legal; Servicio de Registro Civil e Identificación; Carabineros de Chile; Policía de Investigaciones; Defensoría Penal Pública; Ministerio Público; y Corte de Apelaciones de La Serena.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece un sistema de justicia que por primera vez hace responsables a los jóvenes entre 14 y 17 años de edad que cometen un ilícito, con sanciones privativas y no privativas de libertad, estableciendo juicios orales públicos e imparciales, otorgándoles posibilidades reales de reinserción educativa y social.
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