La difusión con usuarias de Prodemu responde al convenio de cooperación impulsado por la Secretaría Regional de Justicia y continuará hasta diciembre en toda la Región de Coquimbo.
viernes, 31 de agosto de 2007
MUJÉRES LÍDERES DE LA SERENA ANALIZAN LEY DE RPA
La difusión con usuarias de Prodemu responde al convenio de cooperación impulsado por la Secretaría Regional de Justicia y continuará hasta diciembre en toda la Región de Coquimbo.
TIENE QUE SABERLO

Imagen: Centro de La Serena (Casco histórico)
Nadie tiene obligatoriamente que dominar el lenguaje particular de cada área profesional de la vida diaria. Esto, incluyendo al derecho, que también posee su propio vocabulario y conceptos. Dicho desconocimiento, sin embargo, deja de ser inofensivo no sólo cuando la persona se ve involucrada en un delito, como víctima, testigo o imputado. También afecta la percepción sobre el estado general de la justicia. Es sencillo: para hacer una evaluación correcta es necesario apoyarse en ideas básicas que algunas veces, por razones naturales, la opinión pública pasa por alto.
Por eso es bueno que usted sepa el motivo y los efectos de que la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, vigente desde hace dos semanas, otorgue al joven entre 14 y 18 años de edad -ahora responsable de los ilícitos que comete- el status de ‘sujeto de derecho’. Esto significa que el adolescente enfrentado a un proceso judicial tiene garantizado un juicio justo, oral, público e imparcial, igual que los adultos. Se termina el vetusto eje tutelar del Estado, el que usualmente tomaba decisiones considerando ‘lo mejor’ para él, pero que en la práctica vulneraba sus derechos y garantías, perjudicando su reinserción social.
En consonancia a la Constitución y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, este notable avance también crea nuevos derechos para el adolescente. Hace unas semanas indicamos los seis primeros, completando hoy el respectivo catálogo, el que debe ser cumplido por funcionarios policiales y judiciales.
· Derecho a ser tratado (a) como inocente:
Todo (a) adolescente imputado de un delito tiene derecho a ser tratado (a) como inocente, hasta que un tribunal determine su culpabilidad.
· Derecho a una condena justa y adecuada:
Todo (a) adolescente condenado (a) por un delito grave tiene derecho a que la pena privativa de libertad le sea impuesta sólo como último recurso.
· Derecho a no estar en situaciones que pongan en peligro su integridad:
Ningún adolescente privado (a) de libertad puede ser sometido (a) a castigos corporales, encierro en celda oscura, a penas de aislamiento o de celda solitaria, así como a cualquier otra sanción que pueda poner en peligro su salud física o mental.
· Derecho a mantener contacto con su familia:
Todo (a) adolescente privado (a) de libertad tiene derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia, visitas o permisos de salida, en forma periódica.
· Derecho a que se revise la ejecución de la sanción:
Todo (a) adolescente tiene derecho a pedir el término o el cambio de una pena privativa de libertad por otra a cumplirse en el medio libre, cuando ello favorezca su reinserción social.
· Derecho a oportunidades educativas, sociales y de trabajo:
Todo (a) adolescente condenado (a) tiene derecho a que se le proporcionen oportunidades sociales, educativas y de trabajo para su reinserción social.
Marcela Muñoz Castillo
Secretaria Regional Ministerial de Justicia–Región de Coquimbo
GRAN CONCURRENCIA EN PLAZA DE JUSTICIA REALIZADA EN EL VALLE DE ELQUI
MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA SERENA APRENDEN SOBRE LEY DE RPA
ALTO INTERÉS EN ANDACOLLO POR NUEVA LEY DE RPA

HASTA TONGOY LLEGA DIFUSIÓN DE LEY DE RPA
La jornada fue encabezada por la Seremi Marcela Muñoz, abordándose en la oportunidad los principios, objetivos, sanciones y funcionamiento general de la Ley, vigente desde el 8 de junio y que por primera vez establece en el país un sistema judicial especial para jóvenes entre 14 y 18 años que cometan delitos o faltas.
FUERTE PRESENCIA DEL MINISTERIO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Este trabajo, que continuará durante todo el año, se llevó a cabo en las tres provincias de la Región (Elqui, Limarí y Choapa), descentralizando el acceso a información de la comunidad sobre la nueva judicatura.
CIEN NUEVOS SECUNDARIOS DE LA SERENA APRENDIERON SOBRE LA LEY DE RPA
En la oportunidad, casi cien estudiantes de enseñanza media realizaron interesantes consultas respecto de la exposición llevada a cabo por la Seremi Marcela Muñoz.
jueves, 30 de agosto de 2007
NOTORIO INTERÉS DE JUNTAS VECINALES DE LA SERENA ANTE NUEVA LEY DE RPA
Durante la actividad expuso la Seremi Marcela Muñoz, acompañada por el Gobernador de la Provincia de Elqui, Rolando Calderón.
NUEVAS SANCIONES, NUEVOS DERECHOS
“Muy altas”. “Mucho”. “Muy duras”. Esas son a veces las opiniones que expresan los estudiantes de enseñanza media cuando en las capacitaciones que nuestro Ministerio de Justicia realiza sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente se enteran de las nuevas sanciones que recibirían si incurren en algún delito grave (homicidio, robos violentos, violación) a partir del 8 de junio, cuando entre en vigencia la normativa: 5 y 10 años de privación de libertad para jóvenes de 14 y 15 años, y de 16 y 17 años, respectivamente.
Por cierto, son penas más bajas que las de los adultos. Y en la práctica serán escasísimas, ya que la enorme mayoría de los ilícitos cometidos por los adolescentes son de menor cuantía, como hurtos-falta, desórdenes públicos o consumo de marihuana en la vía pública, cuyos responsables cumplirán sanciones en el medio libre. Además, por primera vez en la historia judicial chilena, la totalidad de estas penas para adolescentes -privativas y no privativas de libertad- conllevarán acabados programas socio-educativos, cuya finalidad es la reinserción.
Aún así, eso no es todo. La actual Ley de Menores muchas veces afecta seriamente los derechos de los jóvenes infractores, como si se tratara de objetos y no de sujetos de derecho. Por ello, la Ley de RPA, respetando a plenitud nuestra Constitución y la Convención Internacional de los Derechos del Niños, ratificada por Chile en 1990, incorpora un completo catálogo con doce nuevos derechos y garantías para todo(a) adolescente.
Este sábado indicamos los primeros seis, destacando especialmente el que una vez en marcha la nueva normativa, todos los infractores detenidos contarán con la asistencia de un abogado defensor, derecho hoy fuertemente restringido y que suele limitarse a un alegato en las cortes de apelaciones, impugnando la resolución de un tribunal que declaró con discernimiento al adolescente imputado.
· Derecho a que se le informe el motivo de su detención, y a ver la respectiva orden, salvo que sea sorprendido(a) en flagrancia cometiendo un delito.
· Derecho a que se le informe, en forma específica y clara, los hechos que se le imputan y los derechos que le otorga la ley.
· Derecho a guardar silencio, no pudiendo ser obligado(a) a declarar. Si desea hacerlo, sólo puede hacerlo ante el fiscal, siempre en presencia de su abogado defensor.
· Derecho a ser trasladado(a) ante la presencia de un juez, de preferencia, de manera inmediata, o a más tardar, dentro del plazo establecido en la ley.
· Todo adolescente detenido(a) tiene derecho a un abogado defensor, de confianza, desde el momento mismo de su detención hasta que se cumpla su condena.
· Derecho a ser tratado(a) con dignidad y respeto, siempre y especialmente mientras esté privado de su libertad.
SÍ SABEN
Busque en el diccionario de su casa la palabra ‘discernimiento’. Viene del latín ‘cemere’, que significa ‘escoger’, seleccionar. El prefijo ‘dis’ potencia la idea de división. Discernimiento, entonces, expresa separación, discriminación, facultad inherente al ser humano que se afina y completa a medida que crecemos y se desarrolla nuestro proceso de socialización.
Según la actual legislación, una persona entre 16 y 18 años bien puede no saber discernir entre el bien y el mal al momento de cometer un ilícito, lo que muchas veces significa la ausencia de sanciones en su contra. Para casi cualquier persona esto es extraño, ya que lógicamente alguien de esa edad, sin conocer nada de leyes, intuye perfectamente que no se puede hurtar en un supermercado, por ejemplo, o sustraer algo a un compañero de colegio. De esto se hace cargo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), que entrará en vigencia el 8 de junio próximo y que por primera vez en Chile, a través de un sistema integral especial, cuyo objetivo último es la reinserción social, hace plenamente responsables a los adolescentes por los ilícitos que cometan.
Si esa persona que hurtó en un supermercado o en un colegio hoy es aprehendida, un juez de familia, informes sicosociales previos, determina si actuó con o sin discernimiento, trámite que data de 1810 y que establece si el infractor tiene conciencia de haber transgredido la ley y si distingue entre el bien y el mal. Si es hallado con discernimiento sigue un proceso en el sistema penal de adultos. En caso contrario es declarado inimputable, pudiendo el juez de familia devolverlo a su núcleo familiar o decretar una medida de protección, si fuera necesario.
La nueva Ley de RPA termina con este obsoleto y cuestionado trámite de discernimiento para toda persona entre 16 y 18 años de edad que haya cometido un crimen, delito o falta. A partir del 8 de junio, los jóvenes infractores de esa edad, más los adolescentes de 14 años en adelante, serán sometidos a un proceso oral, público e imparcial, similar al que vemos en la Reforma Procesal Penal, con total respeto a la Constitución y la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
El que los jóvenes entre 14 y 18 años sean imputables y respondan por sus actos ante la Ley, reporta una serie de ventajas. Ya no serán utilizados por adultos en actos delictivos y contribuirá a terminar con la sensación pública de inseguridad, al no existir a veces sanciones para jóvenes infractores.
Pero lo más importante, para nuestro Ministerio de Justicia y los actores judiciales que darán vida al nuevo sistema, el que los jóvenes sean plenamente responsables permite aplicar sanciones cuyo fin principal no es la represión, sino que la reinserción y el término a temprana edad de una posible carrera delictual, a través de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social, tema crucial que veremos en próximos capítulos.