viernes, 27 de junio de 2008
CÁRCEL Y LIBERTAD
Nunca antes se habló tanto de la justicia como en los últimos años. Una de las muchas razones de ello es la transparencia. Con la Reforma Procesal Penal y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), el tema de este espacio de opinión, llegaron las audiencias públicas y orales, y con ellas el fin del secretismo y de documentos difíciles o imposibles de acceder. Esto ha conllevado que muchos aspectos de la aplicación de la justicia sean cada vez más analizados por la ciudadanía, la opinión pública y los medios, siendo una de las aristas más debatidas la disyuntiva entre la ejecución de penas en la cárcel y aquellas que deben ser cumplidas parcial o totalmente en libertad.
En ese contexto, ¿Por qué la LRPA considera la cárcel como último recurso de penalización contra jóvenes entre 14 y 17 años que han cometido ilícitos?
Es sencillo. El énfasis de la nueva normativa está en la reinserción social, ya que está comprobado que en términos criminológicos el efecto de la total privación de libertad muchas veces produce en el adolescente un daño mayor y una más alta frecuencia de reingresos al sistema, de reincidencia, dadas las condiciones sicológicas y de formación por las que atraviesa. De hecho, la experiencia en este punto de países como Brasil y España, ha demostrado que la no desvinculación del joven de su entorno socio-comunitario, de su familia, primordialmente, facilita que las herramientas que necesita desarrollar para efectos de reinserción social se potencien. Herramientas que efectivamente existen en la LRPA, al incorporar ésta un fuerte componente educativo en todas las acciones de intervención que se llevan a cabo.
Ahora bien, es necesario aclarar lo siguiente: Las penas en el medio libre, como la libertad vigilada o los trabajos comunitarios, de las cuales hablaremos próximamente, no fomentan la impunidad. Junto con la creación de un prontuario delictivo para el infractor, como implicancia directa de su conducta ilícita, el nuevo sistema contempla que si un adolescente infractor no cumple una sanción de esta naturaleza, inmediatamente se le aplicará una pena más dura, incluyendo la posibilidad de su paso por programas privativos de libertad.
Marcela Muñoz Castillo
Secretaria Regional Ministerial de Justicia – Región de Coquimbo
REALISTA DIÁLOGO SOBRE LEY PENAL ADOLESCENTE ENTRE JUEZ DE GARANTÍA Y LICEANAS SERENENSES
ÚLTIMO GABINETE REGIONAL DE JUSTICIA
jueves, 19 de junio de 2008
EN LA SERENA, REGIONES DE COQUIMBO Y ATACAMA SE CAPACITARON EN REGISTRO DE ADN
viernes, 13 de junio de 2008
SEREMI DE JUSTICIA Y DIRECTORA REGIONAL DE SENAME EXPLICAN PRIMER AÑO DE LEY PENAL ADOLESCENTE
- 338 jóvenes han ingresado a los programas del Sename. El 77% de los infractores han sido sancionados en el medio libre, 14% con total privación de libertad y 10% con libertad parcial.
- Autoridades destacaron que nuevo sistema reduce impunidad y promueve reinserción.
Con normalidad y cumpliendo los objetivos de sancionar y brindar oportunidades de reinserción a los infractores calificaron la Seremi de Justicia, Marcela Muñoz, y la Directora Regional del Servicio Nacional de Menores (Sename), el desarrollo de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) en la Región de Coquimbo, normativa que cumplirá este sábado un año de funcionamiento y que por primera vez sanciona en el país los ilícitos cometidos por personas entre 14 y 17 años de edad.
Ambas autoridades realizaron un balance el viernes 6 de junio, en una conferencia de prensa efectuada en dependencias de la Seremía de Justicia, en el edificio de servicios públicos de La Serena.
Muñoz y Cáceres indicaron que desde el 8 de junio de 2007, 338 jóvenes han ingresado a los programas de reinserción del Sename, privativos y no privativos de libertad, por delitos como robos con intimidación, con violencia, en lugar habitado y no habitado, y porte ilegal de arma de fuego o cortopunzante.
En cuanto a las sanciones aplicadas, el 40% corresponden a medidas cautelares ambulatorias; 13% a libertad asistida; 19% a libertad asistida especial; 9% a servicios a la comunidad; 7% a internación provisoria; 7% en régimen cerrado de cumplimiento penas; y 5% en régimen semi-cerrado de cumplimiento de penas.
La Seremi de Justicia, Marcela Muñoz, señaló que “en la Región la LRPA ha funcionado bien, adecuadamente, de acuerdo a las expectativas que teníamos como Ministerio, en a la aplicación de sanciones privativas y no privativas de libertad y el desarrollo de programas socio – educativos completos”
Muñoz destacó que por primera vez los jóvenes entre 14 y 17 años son sancionados por sus conductas “con lo que disminuye la brecha de impunidad. Es un paso vital, clave en la manera de aplicar justicia, el responsabilizar a los adolescentes si cometen algún delito o falta”.
“También, por primera vez, la aplicación de sanciones está siempre orientada a la reinserción de los infractores. No se castiga por castigar, ya que todas las penas están acompañadas por programas socio - educativos, en los centros cerrado y semi-cerrado, que entregan herramientas útiles a los jóvenes, para terminar a tiempo una posible carrera delictiva, a través de una nivelación de estudios, inserción en el sistema educacional y aprendizaje de oficios prácticos”.
SEREMI INSPECCIONÓ CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL Y REGISTRO CIVIL DE OVALLE
Estos fueron la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio de Registro Civil e Identificación de de Ovalle, oportunidades en que la Seremi pudo conocer los principales alcances de la labor que se realiza en ambos recintos, dialogando con funcionarios/as e interiorizándose de las situaciones que ocurren cotidianamente al trabajar en beneficio de la comunidad, así como también de los proyectos de infraestructura que se ejecutarán en el corto plazo.
EN OVALLE TAMBIÉN SE HACE DIFUSIÓN DE LEY PENAL ADOLESCENTE
LA DEFENSA
Este espacio es para hablar de la justicia. Es necesario hacerlo porque es una de las áreas cotidianas más importantes. Y porque, al estar compuesta por una gran cantidad de aspectos filosóficos, doctrinarios y técnicos, es en general un poco ardua de comprender. En la medida que usted sabe respecto de la justicia -los por qué y cómo-, le va a ser más sencillo evaluarla y reaccionar, ojalá que no, si se ve envuelto en algún hecho ilícito.
Aclarado ésto, pasemos al tema que desde la Secretaría Ministerial de Justicia le proponemos hoy sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA): El derecho a defensa de los jóvenes imputados. Con la nueva Ley, vigente desde junio pasado, el adolescente de 14, 15, 16 y 17 años de edad pasó de ser un objeto a un sujeto de derecho. Es un verdadero hito en la vida judicial de nuestro país. En términos simples, esto significa que si es enfrentado a un proceso judicial, tiene garantizado un juicio justo, oral y público, igual que los adultos.
De esta forma, todos los adolescentes sujetos a la LRPA tienen defensa judicial garantizada por la Defensoría Penal Pública, la que dispone de profesionales para que se hagan cargo de todos los casos en que los jóvenes acusados penalmente por faltas, delitos o crímenes, no cuenten con recursos para acceder a una defensa particular. Hasta antes de la Ley, era el propio Servicio Nacional de Menores (Sename) el que con sus recursos disponía de abogados para defender a los jóvenes imputados, con el contrasentido de que posteriormente esos mismos adolescentes condenados pasaban bajo su tutela, al ser también el organismo responsable del cumplimiento de las medidas establecidas por la justicia para los jóvenes infractores.
Con la LRPA, todos los actores que intervienen en causas de jóvenes (jueces, defensores y fiscales) están capacitados en materias de delitos juveniles, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en las características propias de esta etapa de desarrollo y en el nuevo sistema de sanciones establecido por la Ley, condiciones mucho más ventajosas para satisfacer la necesidad de justicia de la sociedad, de la víctima y del propio adolescente, que se ve enfrentado a un proceso que respeta sus derechos y garantías, y que luego, si hay sanción, propone un amplio y completo catálogo de penas, cuyo fin es tanto castigar como trabajar en la reinserción social, tema que veremos próximamente.
Marcela Muñoz Castillo
Secretaria Regional Ministerial de Justicia – Región de Coquimbo