LA DEFENSA

Este espacio es para hablar de la justicia. Es necesario hacerlo porque es una de las áreas cotidianas más importantes. Y porque, al estar compuesta por una gran cantidad de aspectos filosóficos, doctrinarios y técnicos, es en general un poco ardua de comprender. En la medida que usted sabe respecto de la justicia -los por qué y cómo-, le va a ser más sencillo evaluarla y reaccionar, ojalá que no, si se ve envuelto en algún hecho ilícito.

Aclarado ésto, pasemos al tema que desde la Secretaría Ministerial de Justicia le proponemos hoy sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA): El derecho a defensa de los jóvenes imputados. Con la nueva Ley, vigente desde junio pasado, el adolescente de 14, 15, 16 y 17 años de edad pasó de ser un objeto a un sujeto de derecho. Es un verdadero hito en la vida judicial de nuestro país. En términos simples, esto significa que si es enfrentado a un proceso judicial, tiene garantizado un juicio justo, oral y público, igual que los adultos.

De esta forma, todos los adolescentes sujetos a la LRPA tienen defensa judicial garantizada por la Defensoría Penal Pública, la que dispone de profesionales para que se hagan cargo de todos los casos en que los jóvenes acusados penalmente por faltas, delitos o crímenes, no cuenten con recursos para acceder a una defensa particular. Hasta antes de la Ley, era el propio Servicio Nacional de Menores (Sename) el que con sus recursos disponía de abogados para defender a los jóvenes imputados, con el contrasentido de que posteriormente esos mismos adolescentes condenados pasaban bajo su tutela, al ser también el organismo responsable del cumplimiento de las medidas establecidas por la justicia para los jóvenes infractores.

Con la LRPA, todos los actores que intervienen en causas de jóvenes (jueces, defensores y fiscales) están capacitados en materias de delitos juveniles, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en las características propias de esta etapa de desarrollo y en el nuevo sistema de sanciones establecido por la Ley, condiciones mucho más ventajosas para satisfacer la necesidad de justicia de la sociedad, de la víctima y del propio adolescente, que se ve enfrentado a un proceso que respeta sus derechos y garantías, y que luego, si hay sanción, propone un amplio y completo catálogo de penas, cuyo fin es tanto castigar como trabajar en la reinserción social, tema que veremos próximamente.


Marcela Muñoz Castillo
Secretaria Regional Ministerial de Justicia – Región de Coquimbo